Como hemos explicado, la Ley 87-01 no obedece a las reglas democráticas. Desde su creación y en sus 19 años de existencia, el bienestar general y los derechos colectivos han estado subordinados al poder de grupos y los privilegios particulares.
Los poderes del Estado encargados de representar a la ciudadanía han actuado supeditados a intereses corporativos.
Además, este sistema de “seguridad social” se creó una institucionalidad propia. En las conocidas superintendencias y en el CNSS, las AFP y las ARS tienen un Estado dentro del Estado, con lo cual prescinden de “las molestias» de la democracia, y se gobierna vía resoluciones en cuestiones de interés nacional.
Aunque la propia Ley 87-01 contempla que los recursos se coloquen prioritariamente en actividades que generen empleos y bienestar (industria, agropecuaria y viviendas), esto nunca se ha puesto en práctica ni se fiscaliza.
El contubernio entre cúpula financiera y clase política ha generado que casi el 80% de los fondos se invierta en deuda de gobierno y papeles del Banco Central.
Es decir, la “genialidad” de las AFP radica en llamarle “inversión en mercado secundario” a obtener rentabilidades desde una cómoda oficina, a costa a los impuestos y el erario, prestando y cobrándole al país el dinero de los propios ciudadanos.
En países como Chile es algo diferente, por ejemplo juegan el dinero en las bolsas de valores extranjeras (con pérdidas groseras) o lo invierten en los principales grupos económicos, pero se sigue siempre la regla de oro: se privatiza el beneficio, mientras el costo lo asume la sociedad.
La estructura del saqueo se completa al saber quiénes ponen los aportes.
El 53% de los trabajadores y trabajadoras privados que cotizan ganan como máximo 15,000 pesos, igual o por debajo del costo de la canasta familiar de la población más empobrecida.
Lo mismo pasa con el 45% de los trabajadores y trabajadores del sector público. Los empleadores privados -que también cotizan- son en un 92% micro y pequeñas empresas; y está el propio Estado, que financiamos entre todos.
Los resultados dicen quién ha sido el ganador: utilidades por casi 40,000 millones de pesos, sumados a 24,500 millones en “gastos operacionales”.
Es decir, más de 64 mil millones de pesos despilfarrados, transferidos de la sociedad a los grupos más ricos en una estructura empresarial parasitaria que administra y gana dinero ajeno sin producir ningún valor económico, bien social ni rentabilidad por sí misma, beneficiando principalmente a los cinco mayores grupos financieros del país (incluyendo -lamentable y vergonzosamente- al Banco de Reservas).
La rentabilidad de las AFP en 2019 fue de 38.7%, mientras la de los fondos de los cotizantes apenas llegó al 5.4%.
La tasa de reemplazo sobre el salario promedio -que en América Latina es 64.2%- será del 22.8%. Un tercio de los cotizantes tiene acumulado un poco más de 100 mil pesos, con lo cual tendrán que vivir el resto de sus años.
O dominicanos que, al ganar 15 mil pesos o menos, y si llegan a completar todas las cotizaciones, se pensionarán con aproximadamente 3000 pesos. En Chile la gran mayoría se pensiona con sólo el 20% de su ingreso, aumentado un poco con los “esteroides” de un subsidio estatal.
Es la maldición de las “cuentas individuales”, que condena a la gente al “sálvese usted como pueda”, cada quién con lo que tenga o no tenga.
Asimismo, gracias a las comisiones médicas, las fórmulas y resoluciones a medida, han rechazado el 31% de pensiones por discapacidad y el 60% de pensiones por sobrevivencia. Las mujeres serán todavía más golpeadas, como sucede en Chile, por el “delito” de ¡tener mayor esperanza de vida! Así es: en este modelo, en que los seres humanos son un costo, vivir más es un castigo que se traduce en menor pensión mensual.
Las soluciones que ofrecen las AFP serán siempre las mismas: aumentar las cotizaciones, trabajar y cotizar más años, o que el Estado cubra el faltante.
Ante una crisis, la misma clase política que no las fiscaliza, y legisla para protegerlas y aumentarle las ganancias, ofrecerá que la gente saque de sus propios fondos para la solución a sus problemas.
En la sociedad está la responsabilidad y el poder de cambiar esto y exigir que así sea: No Más AFP.
